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En el caso Calamar Jueza aplaza audiencia para el 22 de agosto conocer acuerdos

Santo Domingo.-La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, aplazó para el 22 de agosto la audiencia en la que se debatiría la homologación de los acuerdos entre el Ministerio Público y al menos seis implicados en el caso Calamar.
La decisión de la jueza se produjo luego de una solicitud de la parte interesada. Esto para revisar los términos de los acuerdos que buscan la exclusión de los acusados de la denuncia a cambio de la devolución de millonarias sumas de dinero.
La juez Altagracia Ramírez tiene en su poder la decisión de validación de los convenios que el órgano acusador hizo con los imputados Fernando Crisóstomo Herrera, Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa es Grupo Dibefe, S.R.L.
El abogado Tomás Castro aseguró que Mimilo Jiménez ha sido un privilegiado del Ministerio Público tras asegurar que el acuerdo que llegaron los fiscales con él es una muestra por excelencia de que en República Dominicana solamente la justicia funciona para los pobres.
“Es una vergüenza y es un gesto realmente obsceno lo que se le ha mostrado al país, y la forma como han tratado de justificar el acuerdo que hicieron con Mimilo Jiménez”, manifestó el jurista.
De su lado, el abogado penalista Valentín Medrano criticó dicho acuerdo ya que, a su juicio, se estarían invirtiendo los roles al pasar de cabeza del expediente a un simple testigo.
“Es decir, en el caso de Mimilo, el Ministerio Público definió en su accionar como un delito; cometió crímenes y tú nunca lo imputaste por vía de consecuencia. Él nunca fue imputado”, indicó Valentín.
Precisó que la norma es clave en lo relativo a establecer que “tú puedes llegar a acuerdos con personas y tener incluso algunos principios de oportunidad, de conformidad con lo que establecen los artículos 370 y siguientes”.
Legisladores, el Colegio de Abogados y representantes de la sociedad civil han manifestado críticas a los acuerdos hechos por el Ministerio Público con Ramón Mimilo Jiménez y otros cinco imputados en el caso “Calamar”.

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