Vicepresidenta Raquel Peña entrega ocho obras en Santiago Rodríguez y Dajabón

Luis González Fabra
Santo Domingo – La corrupción, la transparencia y la impunidad han sido el talón de Aquiles de la democracia dominicana. La misma noche del 30 de mayo en que Trujillo ingresó al mundo de los muertos, la corrupción global (la particular la manejaba el tirano) entró en nuestra política. Desde esa noche, se hizo acompañar de la impunidad para escapar de la transparencia. Es alentador leer los titulares de los periódicos anunciando que la República Dominicana está entre los países que más han avanzado en la lucha contra la corrupción. No quiere decir, ni de lejos, que hemos resuelto el problema. Pero es positivo que una organización internacional como Transparencia Internacional nos reconozca un avance de ocho puntos y 33 posiciones, superando a México, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y acercándonos a Panamá, Argentina y Colombia. Ese avance no ha sido casual. Si repartimos méritos, un alto porcentaje corresponde al presidente Luis Abinader, quien, hasta ahora, es el mandatario dominicano electo por votación popular que más esfuerzos ha hecho para controlar el flagelo de la corrupción. Ha creado mecanismos de prevención como la Oficina de Ética Gubernamental, regulado las compras del Estado y mantenido una supervisión cercana del uso de los recursos públicos. Y, aun así, hay fugas y manejos turbios que perjudican el erario. No hemos tenido más éxito en erradicar esa serpiente venenosa que es la corrupción porque la ciudadanía coopera muy poco, o casi nada. Se hacen denuncias en radio, televisión y plataformas digitales, pero muy pocos se animan a presentar en la fiscalía las pruebas que las sustenten. El caso de la impunidad es otra historia. Nuestra justicia es sumamente lenta en aplicar sanciones a quienes se apropian de lo ajeno, especialmente si se trata de ladrones de cuello blanco o de apellidos sonoros. En cinco años, la justicia ha apresado a no sé cuántos presuntos delincuentes, les han armado expedientes de miles de páginas, pero en el tribunal el caso avanza tan lentamente que se agota el tiempo legal para aplicar la sanción correspondiente. Y justicia demorada no es justicia. ¿De los más de cuarenta expedientes enviados por el Poder Ejecutivo a la justicia, cuántos han sido procesados? ¿Cuántos de los implicados están en prisión? No lo sé. Y creo que nadie lo sabe con certeza. Digamos que están "en investigación". La impunidad perpetúa la corrupción. Es la falta de consecuencias legales para quienes cometen actos corruptos. No puedo afirmar que eso esté ocurriendo aquí, pero en algunos lugares los mecanismos de justicia están debilitados por la propia corrupción, lo que impide juzgar y castigar a los culpables. La corrupción, la transparencia y la impunidad están interrelacionadas y juegan un papel crucial en la salud de un gobierno democrático. Estos tres factores afectan las acciones del gobierno y minan la confianza pública en las instituciones. Cuando los funcionarios se dedican a enriquecerse a expensas del erario, sustrayendo los recursos del bien común, se crea un círculo vicioso que conduce a la desconfianza y el desencanto de la población. Entonces, ocurre la abstención electoral y se debilita la democracia. Estos males deben combatirse desde distintos frentes. Uno de los más descuidados es la educación cívica. Es necesario implementar programas en escuelas y comunidades que enseñen los derechos ciudadanos, la importancia de la transparencia y los mecanismos para denunciar la corrupción. También se debe educar sobre el uso de plataformas y espacios digitales donde los ciudadanos puedan acceder a datos, entenderlos y utilizarlos para supervisar a los organismos públicos. Debe haber aplicaciones y sitios web donde los ciudadanos puedan reportar actos de corrupción de manera segura. La colaboración entre el gobierno y la sociedad civil es vital para construir un entorno donde la corrupción sea inaceptable y la transparencia, una norma y una conducta establecida. Hay que seguir adelante y no conformarnos con los logros alcanzados. La lucha contra la corrupción no es solo un asunto político, sino un imperativo ético que afecta a todos los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. La herramienta clave en esta lucha es la transparencia.