Magistrada Pilar Jiménez Ortiz denuncia campaña de descrédito y exclusión de juezas por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
La magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana, ha alzado la voz para denunciar lo que califica como una “campaña sistemática de descrédito y exclusión contra las juezas” por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La declaración se produce luego de que el CNM decidiera, mediante el Acta 010‑2025, no ratificarla en su cargo, junto a otros dos magistrados evaluados.
En una carta dirigida al organismo evaluador, fechada el 7 de noviembre de 2025, Jiménez Ortiz acusa al CNM de actuar con sesgo político y de género, argumentando que los criterios utilizados en su evaluación carecieron de base jurídica sólida y estuvieron encaminados a “castigar la independencia judicial”. En su misiva, señala que el voto de desempate del presidente de la República, en su calidad de miembro del CNM, fue decisivo para su exclusión concluyéndose la votación en 4 votos a favor y 4 en contra lo que, según establece el reglamento, permitió el desempate mediante el voto del presidente del organismo.
La jueza reprochó que durante el proceso se cuestionaron aspectos técnicos de su gestión, como la demora en la resolución de algunas demandas de casación y la percepción de falta de “equilibrio entre calidad y cantidad” en las sentencias de la Sala que presidía. No obstante, Jiménez Ortiz sostuvo que esos argumentos constituyen “pretextos” para apartarla, aduciendo que su historial institucional incluye la reducción de la mora judicial, reconocimiento internacional y una trayectoria académica y profesional intachable.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, como la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), han cuestionado la transparencia del proceso. Estas entidades señalan inconsistencias entre las evaluaciones públicas favorables y la decisión tomada por el CNM, además de subrayar que la acta no permite identificar los votos individuales de los consejeros, lo que vulnera los principios de rendición de cuentas y objetividad.
El episodio reabre el debate sobre la independencia del poder judicial en República Dominicana y el papel de los procesos evaluativos en garantizar la calidad de las altas cortes, sin transformarse en mecanismos de control político. Mientras tanto, la magistrada Jiménez Ortiz advierte que su exclusión forma parte de un patrón más amplio dirigido a las juezas que ejercen con autonomía y firmeza, y que su caso podría sentar precedentes para futuras generaciones de juristas.
El CNM no ha emitido comentarios directos sobre las denuncias de sesgo de género, más allá de su versión institucional en la que afirma que los involucrados “no alcanzaron los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”.