Exdirector del Cestur recibe condena de 20 años de prisión por su implicación en el caso Coral
Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), tras ser hallado culpable de participar en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Coral.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impuso el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos, como parte de la sentencia emitida luego de varios años de investigación y un extenso proceso judicial.
De acuerdo con la decisión judicial, Torres Robiou tuvo participación en diversos mecanismos de sustracción y manejo irregular de recursos públicos mientras ocupó la dirección del Cestur. Entre las prácticas identificadas por el tribunal figuran irregularidades relacionadas con fondos destinados a nóminas, operaciones de inteligencia, ventas institucionales y raciones alimenticias, recursos que debían ser utilizados para el funcionamiento de la entidad.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, financieras y testimoniales con las que buscó demostrar la existencia de una estructura organizada que operaba dentro de instituciones de seguridad del Estado para desviar fondos públicos y obtener beneficios económicos de manera ilícita.
Las investigaciones establecieron que el entramado de corrupción habría movilizado millones de pesos mediante distintos mecanismos que permitían el uso irregular de recursos estatales, afectando fondos destinados a áreas operativas y administrativas de organismos de seguridad.
El caso Coral, considerado uno de los procesos por corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en la República Dominicana, involucró a militares de alto rango y civiles acusados de formar parte de una red que presuntamente operó durante varios años dentro de instituciones gubernamentales.
Con la condena de Torres Robiou, el tribunal continúa estableciendo responsabilidades penales contra los implicados en el expediente, en una decisión que marca un nuevo capítulo dentro de los esfuerzos de las autoridades para sancionar los actos de corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública.