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Yeni Berenice advierte que retrasar el nuevo Código Penal favorecería a la criminalidad

Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que impedir la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representaría un beneficio para la criminalidad, al considerar que la legislación penal actualmente en uso ya no responde a las realidades del país ni a las nuevas modalidades delictivas.

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A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, la magistrada hizo un llamado a la sociedad y a los distintos sectores nacionales para respaldar la implementación del nuevo marco jurídico, destacando la necesidad de contar con herramientas legales actualizadas que permitan enfrentar con mayor eficacia los delitos del siglo XXI.

Reynoso sostuvo que el Código Penal vigente, promulgado en el año 1884, ha quedado desfasado frente a la evolución de la delincuencia y a la aparición de nuevas conductas criminales que requieren una tipificación moderna y acorde con los desafíos actuales del sistema de justicia.

En su publicación, la procuradora expresó que mantener en funcionamiento una legislación con más de un siglo de antigüedad limita la capacidad de las autoridades para perseguir y sancionar determinadas conductas delictivas, lo que, a su juicio, termina favoreciendo a quienes infringen la ley.

Asimismo, exhortó a todos los sectores de la sociedad a analizar el tema desde una perspectiva de interés nacional, poniendo por delante la necesidad de fortalecer el sistema de justicia y garantizar un marco legal que responda a las exigencias de la República Dominicana en materia de seguridad, persecución penal y protección de los derechos ciudadanos.

El debate en torno al nuevo Código Penal ha generado posiciones diversas en distintos ámbitos políticos, jurídicos y sociales, especialmente por algunos de sus artículos. Sin embargo, Reynoso insistió en que la entrada en vigor de una legislación actualizada constituye un paso importante para modernizar el ordenamiento jurídico y mejorar la capacidad del Estado para combatir la criminalidad.

Las declaraciones de la procuradora se producen en momentos en que continúan las discusiones sobre posibles modificaciones al texto aprobado, mientras las autoridades buscan consensos antes de la fecha prevista para la entrada en vigencia de la nueva normativa penal.