Poder Ejecutivo propone cambios al Código Penal y elimina sanciones por hostigamiento en ámbitos laboral y social
Santo Domingo, República Dominicana.– El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional una serie de modificaciones al Código Penal, entre las que figura un cambio al artículo 121, con el que se reemplaza el término "bullying" por "hostigamiento" y se elimina la penalidad que contemplaba esta conducta cuando ocurre en los ámbitos laboral y social.
La propuesta forma parte de un paquete de reformas presentadas tras el debate generado por la entrada en vigencia de la nueva legislación, la cual ha sido objeto de observaciones por parte de diversos sectores que consideran que algunos de sus artículos contienen definiciones poco precisas y establecen sanciones que califican como desproporcionadas.
En la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo se mantiene la definición de hostigamiento, pero se introducen cambios en el alcance de las disposiciones penales relacionadas con esta conducta. El objetivo es revisar el contenido de varios artículos para ofrecer una mayor claridad jurídica y evitar interpretaciones que puedan generar controversias durante su aplicación.
La versión original del Código Penal establece que incurre en hostigamiento quien intimide, insulte, agreda verbalmente, excluya o aísle a otra persona con la intención de humillarla, avergonzarla o manipularla en entornos educativos, laborales o sociales. Sin embargo, la propuesta de modificación plantea ajustes que eliminarían las sanciones previstas para los casos registrados en los ámbitos laboral y social.
Las modificaciones deberán ser estudiadas por el Congreso Nacional, donde serán analizadas por las comisiones correspondientes antes de ser conocidas en el hemiciclo. Los legisladores tendrán la responsabilidad de evaluar el alcance de los cambios propuestos y decidir si mantienen, modifican o rechazan las disposiciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
El debate sobre la reforma del Código Penal continúa generando opiniones divididas entre juristas, legisladores y representantes de distintos sectores de la sociedad, quienes mantienen posiciones encontradas sobre la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica sin afectar la protección de los derechos de las personas.