Informe denuncia presunto trabajo forzoso en plantaciones de caña de azúcar de República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana.- Un informe publicado este martes por la organización de derechos humanos Corporate Accountability Lab denunció la persistencia de condiciones que, según sus investigadores, podrían constituir trabajo forzoso en grandes plantaciones de caña de azúcar de República Dominicana destinadas, entre otros mercados, a Estados Unidos.
La organización sin fines de lucro aseguró que dedicó más de tres años a investigar las condiciones laborales en plantaciones pertenecientes a Central Romana Corporation, Ltd., una de las principales empresas del sector azucarero dominicano y uno de los mayores empleadores y propietarios de tierras del país.
El informe centra parte de sus señalamientos en las condiciones en las que trabajan los jornaleros de las plantaciones de caña y plantea cuestionamientos sobre las prácticas laborales y el trato recibido por trabajadores vinculados a la producción azucarera.
Según Corporate Accountability Lab, su investigación documentó situaciones que considera compatibles con prácticas de trabajo forzoso, por lo que solicita una mayor atención de las autoridades y de las empresas que participan en la cadena de suministro del azúcar.
El documento también hace referencia a los vínculos empresariales de los propietarios de Central Romana con figuras de la política estadounidense, entre ellas el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, de acuerdo con lo señalado por la organización.
La denuncia se produce en un contexto de especial interés debido a que Estados Unidos constituye el principal mercado de exportación para el azúcar y otros productos dominicanos, por lo que las condiciones laborales existentes en la producción destinada a ese mercado pueden tener repercusiones comerciales y políticas.
Central Romana ya había sido objeto de investigaciones por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Según el informe, esa institución estadounidense acusó previamente a la compañía de incurrir en prácticas relacionadas con el aislamiento de trabajadores, retención de salarios y condiciones laborales y de vida consideradas inadecuadas.
Las acusaciones contra la empresa han generado durante años atención por parte de organizaciones defensoras de los derechos laborales y humanos, especialmente en relación con las condiciones de los trabajadores dedicados al corte y procesamiento de la caña de azúcar.
El nuevo informe pretende ampliar la documentación sobre estas situaciones y llamar la atención sobre las condiciones existentes en las plantaciones, así como sobre la responsabilidad de las empresas que compran productos provenientes de estas cadenas de suministro.
Corporate Accountability Lab sostuvo que la investigación realizada durante más de tres años incluyó la recopilación de información sobre las experiencias de trabajadores y las condiciones en las que se desarrolla la actividad agrícola.
La organización considera que las denuncias requieren respuestas concretas y mecanismos de supervisión que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y evitar prácticas que puedan vulnerar la libertad y dignidad de los trabajadores.
El caso también coloca nuevamente bajo escrutinio a la industria azucarera dominicana, uno de los sectores tradicionales de la economía nacional y una actividad que genera empleos y exportaciones, particularmente hacia el mercado estadounidense.
Las acusaciones deberán ser contrastadas con las explicaciones y respuestas que ofrezca Central Romana, así como con las investigaciones y verificaciones que puedan realizar las autoridades correspondientes.
El debate adquiere además una dimensión internacional debido a que las exportaciones dominicanas de azúcar forman parte de cadenas comerciales que conectan a productores, empresas procesadoras, distribuidores y consumidores de distintos países.
Mientras las organizaciones de derechos humanos reclaman mayores garantías para los trabajadores, las autoridades y empresas involucradas deberán responder a los señalamientos y demostrar que las actividades productivas se desarrollan bajo las normas laborales nacionales e internacionales aplicables.