José Ricardo Taveras cuestiona implicaciones legales de acuerdo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos
Santo Domingo. – El exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras, manifestó preocupación y una serie de cuestionamientos sobre el acuerdo de “Cooperación bilateral con Estados Unidos de América y República Dominicana”, relacionado con la recepción en territorio dominicano de deportados provenientes de terceros países.
Las declaraciones fueron realizadas a través de una publicación difundida en la red social X, donde el exfuncionario abordó posibles implicaciones jurídicas, constitucionales y operativas derivadas de la ejecución de dicho convenio entre ambos gobiernos.
Taveras planteó dudas sobre el mecanismo mediante el cual serían retenidos o procesados los extranjeros trasladados a República Dominicana, señalando que podrían producirse conflictos legales si estas personas recurren ante los tribunales dominicanos alegando que su permanencia o detención en el país carece de base legal.
El exdirector de Migración también cuestionó por qué la Embajada de Estados Unidos no asumiría directamente la responsabilidad sobre los ciudadanos deportados, considerando que se trata de personas trasladadas bajo decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses.
En ese sentido, advirtió que la situación podría generar debates relacionados con soberanía, derechos fundamentales y competencias institucionales, especialmente si no existen mecanismos claros establecidos dentro del marco jurídico nacional para manejar este tipo de procedimientos migratorios internacionales.
Las declaraciones de Taveras surgen en medio de discusiones sobre cooperación migratoria entre República Dominicana y Estados Unidos, tema que ha generado diversas reacciones en sectores políticos, jurídicos y sociales debido al impacto que podría tener sobre las políticas de control fronterizo y manejo de extranjeros en el territorio nacional.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles amplios sobre la implementación práctica del acuerdo ni sobre las medidas que serían aplicadas para garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia migratoria y de derechos humanos.
El debate continúa desarrollándose mientras distintos sectores analizan el alcance del convenio y las responsabilidades que asumiría el Estado dominicano frente a ciudadanos deportados desde otras jurisdicciones.