Tribunal condena a 20 años de prisión al coronel Rafael Núñez de Aza por su participación en la red de corrupción del caso Coral
Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este martes a 20 años de prisión al coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los principales implicados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado por el Ministerio Público mediante la Operación Coral.
Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, al considerar probada su responsabilidad en los hechos atribuidos por la acusación, relacionados con el desvío de fondos públicos y otras irregularidades cometidas dentro de instituciones de seguridad del Estado.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo que Núñez de Aza desempeñó un papel clave dentro de la estructura, debido a las funciones que ejercía como encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Según la acusación, desde esa posición habría participado en operaciones que permitieron el manejo irregular de recursos estatales en beneficio de los integrantes de la red.
El caso Coral salió a la luz en abril de 2021, cuando las autoridades ejecutaron una serie de allanamientos y arrestos contra militares y civiles señalados de integrar una organización que presuntamente utilizó recursos públicos para enriquecerse de manera ilícita. La investigación incluyó el análisis de movimientos financieros, propiedades, empresas y otros bienes que habrían sido adquiridos con fondos provenientes de actividades irregulares.
Las autoridades sostuvieron que la estructura operaba mediante mecanismos que permitían el desvío de recursos asignados a instituciones de seguridad, así como la utilización de personal y fondos públicos para fines particulares. La red habría funcionado durante varios años, generando pérdidas millonarias al Estado dominicano.
La condena contra Núñez de Aza forma parte de las decisiones emitidas por el tribunal tras la conclusión de uno de los procesos por corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en el país. El juicio se extendió por varios meses y contó con la presentación de numerosas pruebas documentales, periciales y testimoniales por parte del órgano acusador y de las defensas de los imputados.
Con esta sentencia, el tribunal busca establecer responsabilidades penales en un caso que ha sido considerado emblemático dentro de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la administración pública.