Arrestan inspector de Migración acusado de exigir RD$100 mil de soborno en el Aeropuerto de Punta Cana
La Altagracia. El Ministerio Público informó el arresto de un inspector de control migratorio acusado de exigir un soborno de RD$100,000 a una ciudadana a cambio de facilitar su salida hacia España desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El detenido fue identificado como Carlos Javier Sánchez, quien, de acuerdo con la investigación, habría solicitado el dinero para permitir que la mujer abordara su vuelo sin inconvenientes en el proceso migratorio.
Las autoridades indicaron que el arresto se produjo durante una entrega controlada previamente autorizada por una jueza competente. En el operativo, el imputado fue sorprendido en el momento en que presuntamente iba a recibir el dinero exigido, lo que permitió a los investigadores obtener evidencias para sustentar el caso.
La investigación está siendo desarrollada de manera conjunta por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, organismos que profundizan las indagatorias para esclarecer todos los detalles del hecho y determinar si existen otras personas involucradas.
El Ministerio Público explicó que el caso forma parte de las acciones que ejecuta para combatir los actos de corrupción dentro de las instituciones públicas y garantizar la transparencia en los servicios que reciben los ciudadanos.
Tras su arresto, Carlos Javier Sánchez permanece bajo custodia mientras el Ministerio Público prepara la solicitud de medidas de coerción que será presentada ante un tribunal en las próximas horas. El imputado deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen, conforme a las disposiciones establecidas en la legislación dominicana.
Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir y sancionar cualquier conducta irregular que afecte la integridad de la administración pública, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de soborno, extorsión o acto de corrupción en las instituciones del Estado.