Poder Ejecutivo deposita en el Senado proyecto de ley sobre el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
La iniciativa busca regular el uso del suelo, frenar el crecimiento urbano desordenado, proteger los recursos naturales y establecer criterios para el desarrollo de las comunidades. La propuesta contempla restricciones a nuevas urbanizaciones sin servicios esenciales y mecanismos de participación ciudadana.
SANTO DOMINGO.— El Poder Ejecutivo depositó este jueves 22 de octubre ante el Senado de la República el proyecto de ley que aprueba el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una iniciativa que busca establecer reglas para organizar el desarrollo urbano, rural y económico de la República Dominicana, así como garantizar un uso más planificado y sostenible del territorio.
La propuesta fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en un acto celebrado en el Congreso Nacional, con la participación de funcionarios vinculados a la planificación territorial y representantes de los equipos jurídicos del Gobierno.
El proyecto tiene como objetivo aprobar formalmente el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y establecer las disposiciones para su implementación, coordinación, seguimiento y evaluación, en consonancia con la Ley núm. 368-22, sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
ar el crecimiento del país, proteger las fuentes de agua, preservar los recursos naturales y garantizar que las actividades económicas y los asentamientos humanos se desarrollen en lugares adecuados, de acuerdo con las características y capacidades de cada territorio.
El funcionario destacó que la planificación territorial constituye una herramienta fundamental para orientar el desarrollo nacional, reducir los conflictos por el uso del suelo y promover un crecimiento que tome en cuenta tanto las necesidades de la población como la protección del medioambiente.
Restricciones a nuevas urbanizaciones
Entre los aspectos más relevantes de la propuesta figuran disposiciones destinadas a evitar la construcción de proyectos residenciales sin las condiciones básicas de infraestructura y servicios públicos.
De acuerdo con los detalles divulgados sobre la iniciativa, los nuevos desarrollos habitacionales deberán tomar en consideración la disponibilidad de agua potable, drenaje pluvial, movilidad y sistemas para el manejo de desechos, además de otros servicios necesarios para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.
La propuesta procura evitar que continúe la expansión urbana sin planificación, una situación que en distintas comunidades ha generado dificultades relacionadas con las inundaciones, el congestionamiento vial, la insuficiencia de servicios públicos y la falta de espacios destinados a la convivencia comunitaria.
Asimismo, contempla la identificación y reserva de terrenos para la construcción de parques, escuelas, centros de salud y proyectos de vivienda de interés social, con el propósito de que el crecimiento de las ciudades esté acompañado de equipamientos públicos y espacios adecuados para sus habitantes.
Estas disposiciones buscan fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas y los gobiernos municipales al momento de autorizar y ejecutar proyectos que puedan modificar el uso de determinadas áreas.
Protección de terrenos agrícolas y recursos naturales
Otro de los objetivos centrales del proyecto es evitar que terrenos con vocación agrícola, minera o ambiental sean ocupados de manera incompatible con sus características.
La iniciativa procura establecer criterios para orientar la localización de viviendas, industrias, infraestructuras y otras actividades productivas, tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones de cada zona.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la importancia de organizar la ocupación del territorio para impedir que áreas destinadas a actividades productivas sean desplazadas por asentamientos humanos sin una planificación adecuada.
La propuesta también busca fortalecer la protección de las fuentes de agua, las áreas de valor ambiental y las zonas turísticas, de manera que las decisiones sobre el uso del suelo respondan a objetivos de sostenibilidad y desarrollo económico.
Con este enfoque, el ordenamiento territorial pretende contribuir a una mejor distribución de las actividades productivas, reducir las presiones sobre los ecosistemas y promover un aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Prevención de riesgos y adaptación al cambio climático
La gestión del riesgo constituye otro componente importante de la iniciativa, especialmente ante los efectos de las lluvias intensas, las inundaciones y otros fenómenos que afectan periódicamente a distintas comunidades del país.
El proyecto contempla restricciones para la emisión de permisos en zonas clasificadas como de riesgo no mitigable, áreas protegidas y determinados bienes de dominio público, conforme a las disposiciones propuestas.
Asimismo, plantea la ejecución progresiva de programas de reubicación para asentamientos vulnerables ubicados en áreas donde no sea posible reducir adecuadamente los riesgos.
La finalidad es evitar que continúe la ocupación de terrenos expuestos a amenazas que puedan poner en peligro la vida de las personas y generar pérdidas materiales.
La incorporación de estos criterios a la planificación territorial permitiría que las decisiones sobre nuevas construcciones, infraestructuras y asentamientos consideren las condiciones ambientales y los riesgos asociados a cada localidad. Participación de las comunidades
La propuesta también contempla mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en la elaboración de los planes territoriales y acceder a información relacionada con las decisiones que afectan sus comunidades.
Entre los mecanismos descritos figuran las consultas públicas y las vistas públicas, mediante las cuales los residentes y sectores interesados podrían presentar observaciones sobre proyectos y cambios de uso del suelo.
Además, el proyecto prevé vías administrativas y judiciales para cuestionar construcciones que presuntamente incumplan las normas territoriales o afecten el entorno, de acuerdo con las condiciones establecidas en la iniciativa.
La participación ciudadana busca fortalecer la transparencia en la toma de decisiones y facilitar que las comunidades tengan mayor conocimiento sobre los proyectos que se desarrollan en sus alrededores.
Más de 60 planes municipales en elaboración
Durante la presentación de la propuesta, se informó que más de 60 planes municipales de ordenamiento territorial se encuentran en proceso de elaboración con asistencia del Ministerio de la Presidencia.
El desarrollo de estos instrumentos constituye una parte importante del proceso de planificación nacional, debido a que permite adaptar las directrices generales a las características, necesidades y prioridades de cada municipio.
Los planes locales pueden servir para orientar el crecimiento de las zonas urbanas, proteger áreas productivas, identificar espacios para infraestructuras y servicios públicos y establecer criterios para la ocupación del suelo.
El viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, explicó que la formulación del plan nacional estuvo precedida por un proceso de consultas desarrollado durante cinco años, con participación de distintos sectores sociales, académicos y representantes de la sociedad civil.
Próximos pasos en el Congreso Nacional
Por su parte, Ricardo de los Santos aseguró que la iniciativa estará disponible para consulta pública, con el propósito de que la ciudadanía pueda examinar su contenido y presentar propuestas u observaciones.
El depósito del proyecto marca el inicio de su conocimiento en el Congreso Nacional, donde deberá agotar las etapas legislativas correspondientes antes de convertirse en ley.
La iniciativa tendrá que ser examinada por los legisladores, quienes podrán analizar sus disposiciones y debatir los mecanismos previstos para su aplicación en las diferentes regiones del país.
De aprobarse conforme al procedimiento constitucional, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial serviría como instrumento de referencia para coordinar las políticas públicas relacionadas con el uso del suelo, la inversión, los asentamientos humanos y la protección ambiental.
Con esta propuesta, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de desarrollo en el que el crecimiento de las ciudades, las actividades productivas y las inversiones públicas y privadas respondan a criterios de planificación y sostenibilidad.
El alcance definitivo de las medidas dependerá del contenido que finalmente apruebe el Congreso Nacional y de las disposiciones que regulen su aplicación.