Amnistía Internacional exige garantías de derechos humanos ante despliegue de tropas salvadoreñas en Haití
Puerto Príncipe, Haití.- Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos de Haití y El Salvador a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las operaciones militares contra las bandas armadas en territorio haitiano, tras el despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Puerto Príncipe.
La directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, pidió al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, asegurar que todas las operaciones de las fuerzas de El Salvador cumplan con el derecho internacional y cuenten con mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
La representante de Amnistía Internacional consideró necesario que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que respalda el despliegue militar y expliquen quién ejerce el mando sobre los efectivos, cuáles son las reglas para el uso de la fuerza y qué mecanismos tienen los ciudadanos para denunciar posibles abusos sin temor a represalias.
La organización advirtió que las operaciones de seguridad podrían aumentar los riesgos para la población civil, especialmente en comunidades donde las acciones militares se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y centros hospitalarios, en medio de la profunda crisis humanitaria que atraviesa Haití.
Piquer insistió en que el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También reclamó medidas especiales para proteger a niños y niñas, incluidos aquellos reclutados por grupos armados, mediante protocolos adecuados y personal capacitado en derechos humanos.
El despliegue salvadoreño se produjo después de que cuatro militares de ese país, vinculados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecieran el 18 de octubre tras una emboscada atribuida a bandas armadas en las proximidades de Puerto Príncipe. El Gobierno de Nayib Bukele envió refuerzos militares para apoyar las operaciones de búsqueda y la lucha contra esas estructuras criminales.
Sin embargo, el despliegue ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la misión y su coordinación con las estructuras de seguridad internacionales. El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aclaró que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por el Consejo de Seguridad y, por tanto, queda fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.
Amnistía Internacional también reclamó investigaciones independientes e imparciales ante cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos, así como el sometimiento a la justicia de quienes resulten responsables y la reparación de las víctimas.
La entidad pidió, además, esclarecer el paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos y exigió que sean liberados de inmediato y sin sufrir daños si permanecen en poder de alguna banda armada.
La organización recordó que la respuesta a la violencia de las pandillas no debe reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití, donde la población continúa enfrentando graves amenazas a su seguridad y sus derechos fundamentales.